Las desigualdades de la banda ancha
Quería hacerle una consulta sobre las ofertas de los operadores. En las zonas más alejadas de una central, la velocidad se reduce considerablemente, sobre todo con la llegada de nuevas tecnologías como ADSL2+, VDSL y FTTH. Así que si vives cerca, tienes entre 10 y 20 Mb y desde que te montas en 3 Km. bajas un 1 Mbps. En el caso del cable, ocurre igual; ONO oferta menos megas en unas regiones que otras. Teniendo en cuenta que -en ambos casos- el precio es el mismo para el cliente, ¿puede uno hacer algo jurídicamente? ¿Qué se podría reclamar, si es que se puede?

10-02-2009 - El servicio universal en la Ley General de Telecomunicaciones

La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, define en su artículo 22 el concepto de servicio universal:

Se entiende por servicio universal el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible.

A la hora de establecer lo que se garantiza dentro de este concepto, la ley señala que “la conexión debe ofrecer al usuario final la posibilidad de efectuar y recibir llamadas telefónicas y permitir comunicaciones de fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet. No obstante, la conexión deberá permitir comunicaciones en banda ancha, en los términos que se definan por la normativa vigente.”

Es decir, que en lo relativo a las tecnologías de banda ancha como las que cita el internauta autor de la consulta de esta semana, la cobertura del servicio universal no es exigible por la ley, sino que queda pendiente de desarrollo en una normativa posterior.

La disposición transitoria quinta se indispone transitoriamente

Ya en el año 2005, se aprobó el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.

La mencionada norma indica en su artículo 18, a la hora de definir las condiciones exigibles a los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas, que los operadores deberán “cumplir las obligaciones de extensión y cobertura establecidas en la disposición transitoria quinta de este reglamento”.

Lo triste, esperpéntico y casposo, reflejo de cómo se hacen las leyes en este país, es que tal disposición transitoria quinta no existe en el Reglamento, como se puede comprobar examinando el ejemplar del Boletín Oficial del Estado donde fue publicado.

Si alguien encuentra el sumidero espacio-temporal que se tragó la disposición transitoria quinta, que avise: la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y demás autoridades implicadas, estarán sumamente agradecidas a quien aporte cualquier dato que permita su localización.

Mientras tanto, los operadores de redes de comunicaciones electrónicas seguirán encantados con este país, en el que no existe forma legal alguna de cumplir obligaciones de extensión y cobertura definidas en un artículo inexistente.

Cómo impulsar hacia atrás la Sociedad de la Información

El año 2007 acabó con una inocentada, la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, en la que se incluía una disposición adicional segunda que puede considerarse tan inexistente –por lo inútil- como la transitoria quinta de que antes les hablaba:

El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, impulsará la extensión de la banda ancha con el fin de conseguir, antes del 31 de diciembre de 2008, una cobertura de servicio universal de conexión a banda ancha, para todos los ciudadanos, independientemente del tipo de tecnología utilizada en cada caso y de su ubicación geográfica.